Rosa Peral, exagente de la Guardia Urbana de Barcelona, ha vuelto a ser objeto de atención mediática tras ser acusada de planificar una agresión a una funcionaria en la prisión de Mas d'Enric, en Tarragona. Peral, condenada a 25 años de prisión por el asesinato de su pareja, Pedro Rodríguez, en un caso conocido como el 'crimen de la Guardia Urbana', supuestamente orquestó el ataque que tuvo lugar el 21 de julio. Según informes del diario Segre, la agresión fue perpetrada por una reclusa que intentó asfixiar a la funcionaria utilizando el cordón de su tarjeta de identificación y le arrancó varios mechones de pelo. Testimonios de empleados del centro y de otras internas indican que Peral fue la instigadora de este ataque, planeado como una represalia por la negativa de las funcionarias a permitirle participar en una actividad debido a sanciones previas.
Días antes de la agresión, se reportó que Peral hizo declaraciones violentas, sugiriendo que las funcionarias "deberían ser trituradas en un contenedor de basura para hacerlas desaparecer" y expresando deseos de que les ocurriera algo fatal. Según las fuentes, Peral habría pagado a la reclusa agresora con tabaco y droga para llevar a cabo el ataque, lo que ha levantado alarmas sobre su influencia y conducta dentro del centro penitenciario. A raíz de estas acusaciones, la abogada de Peral, Núria González, ha negado firmemente cualquier vinculación de su clienta con la agresión, calificando la información de "nuevo bulo". En declaraciones al programa 'Vamos a Ver', González afirmó que no existe ningún expediente que involucre a Peral en el incidente y solicitó al diario Segre que presentara pruebas concretas que sustentaran sus afirmaciones. La letrada hizo hincapié en que esta situación es comparable a rumores anteriores, como el de un supuesto embarazo de Peral, que resultó ser infundado.
Desde su ingreso en prisión, Rosa Peral ha sido objeto de numerosas sanciones, no solo por la agresión en cuestión, sino también por otros comportamientos problemáticos. Ha sido señalada por poseer alimentos no permitidos y por manipular a otras internas para obtener favores. Este comportamiento ha creado un ambiente de preocupación entre los funcionarios de la prisión, quienes han solicitado en múltiples ocasiones que se tomen medidas disciplinarias adecuadas para tratar su actitud desobediente. La situación ha dado lugar a protestas por parte del personal de la prisión, que exigen medidas ejemplares para abordar el aumento de agresiones en el sistema penitenciario. La denuncia de la agresión y el papel de Peral en la misma resaltan un problema más amplio dentro de las cárceles, donde la seguridad de los funcionarios se ha convertido en un tema de creciente preocupación.
El caso de Rosa Peral se remonta a 2017, cuando fue condenada por el asesinato de Pedro Rodríguez. Su pareja fue encontrado calcinado en un coche cerca del pantano de Foix, lo que llevó a un juicio muy mediático que terminó con la condena de Peral y de Albert López, su amante y cómplice, quien recibió una sentencia de 20 años. Este crimen atrajo la atención pública y ha sido objeto de una serie de reportajes y documentales, incluida una serie de Netflix titulada "El cuerpo en llamas". La reciente acusación contra Rosa Peral por la agresión a la funcionaria de Mas d'Enric añade otra capa de complejidad a su ya polémica historia. Mientras su abogada niega cualquier implicación, la situación plantea serias preguntas sobre la dinámica dentro de las prisiones y el manejo de reclusos con antecedentes violentos. El caso continúa desarrollándose, con un enfoque en la seguridad del personal penitenciario y las medidas que se deben tomar para prevenir futuros incidentes. La atención de los medios y el interés del público en este caso son un reflejo de la notoriedad que ha adquirido Rosa Peral desde su condena.
