Cinco años después de que Ana Buza fuera hallada muerta en una cuneta de la A-4, cerca de la localidad sevillana de Carmona, el caso que durante este tiempo ha dividido posturas y generado dolor en su familia se dirige finalmente hacia el juicio. El exnovio de la joven se sentará en el banquillo acusado de un delito de homicidio imprudente, una calificación a la que se oponen con firmeza los padres de la víctima. La familia, que siempre ha defendido que aquello no fue un simple accidente, exigirá que la causa se juzgue como un homicidio doloso o asesinato, manteniendo que hubo violencia machista detrás de lo ocurrido.
La decisión del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 2 de Sevilla de llevar el caso a juicio por homicidio imprudente se basa en las investigaciones de la Guardia Civil y en los informes médico-forenses, que descartan la tesis del atropello intencionado. Según las conclusiones de la Fiscalía, que coincide con el criterio del juez, la joven de 19 años salió del vehículo en marcha y falleció por las graves lesiones sufridas. Estas pruebas determinan que el suceso no puede encuadrarse en un delito de asesinato ni de homicidio doloso, ya que los informes periciales, reconstrucciones del accidente e inspecciones en el lugar de los hechos no apuntan a una acción deliberada por parte del conductor.
Sin embargo, el Ministerio Público sí aprecia una conducta negligente al constatar que el coche circulaba a 117 km/h en un tramo limitado inicialmente a 80 km/h y después a 50 km/h por su proximidad a una curva pronunciada. Ese exceso de velocidad habría sido un factor determinante en la pérdida de control del turismo, generando el escenario en el que Ana Buza se vio expuesta a un desenlace fatal. La Fiscalía subraya además que el acusado ha ofrecido distintas versiones, sin aportar una explicación coherente de lo ocurrido en el interior del coche antes del fatal desenlace. El clima de tensión entre la pareja y la alteración que suponía la elevada velocidad refuerzan la idea de una imprudencia grave.
La familia de la joven, por su parte, se niega a aceptar que la muerte de Ana se enmarque en la mera negligencia. Desde el primer momento ha sostenido que no se trató de un suicidio ni de un accidente fortuito. Contrató peritos, ingenieros y criminólogos para intentar demostrar que, a esa velocidad, es improbable que la puerta del vehículo se abriera y que la joven saliera del habitáculo por su propia voluntad. Según su versión, Ana podría haberse bajado y, ya en la cuneta, habría sido atropellada de forma intencionada por su entonces pareja. El padre de Ana insiste en que fue un crimen machista y afirma con rotundidad: “No fue un accidente, él la mató”.
La lucha de la familia ha sido larga y dolorosa. Apenas 36 horas después del suceso, la causa se archivó al considerarse un suicidio. Fue la tenacidad del padre de la víctima, aportando nuevas pruebas y testimonios, lo que condujo a la Audiencia Provincial a reabrir la instrucción, obligando a nuevas diligencias y peritajes. Estos esfuerzos sirvieron para que el caso llegara finalmente a un juzgado de Violencia sobre la Mujer, lo que ya supuso una primera victoria simbólica para quienes defienden la hipótesis del crimen de género.
Aun así, las conclusiones finales de las autoridades no han variado: no hay indicios suficientes que sustenten una acción dolosa. El juez ha dado por terminada la instrucción y ha abierto la vía al juicio por homicidio imprudente, un delito castigado con penas de entre uno y cuatro años de prisión. La acusación particular, sin embargo, tiene previsto recurrir de inmediato esta calificación, buscando que la causa se examine con mayor amplitud probatoria y ante un tribunal del jurado, lo que permitiría introducir todos los indicios y pruebas que han ido recabando en estos cinco años.
Mientras, la defensa del acusado también recurrirá, al entender que la velocidad no es una causa directa y suficiente para imputarle la muerte de la joven. Sostiene que el resultado habría sido el mismo, a 117 km/h que a 80 km/h, si Ana realmente salió del coche voluntariamente. Alega, por tanto, que no existe una relación causal entre su conducta y el fallecimiento.
La última palabra la tendrá el tribunal que juzgue el caso. Dependiendo de si se mantiene la calificación de homicidio imprudente o se abre la vía para considerar un delito más grave, el desenlace de este prolongado procedimiento marcará no solo la pena a imponer, sino también la interpretación oficial que la Justicia dará a la trágica muerte de Ana Buza. Entre tanto, su familia mantiene viva la esperanza de que se reconozca lo que, para ellos, siempre ha estado claro: Ana no se quitó la vida ni murió en un lamentable accidente, sino que fue víctima de un acto violento y deliberado.
