El juicio por el doble crimen de Liaño (Cantabria) comenzó esta semana en la Audiencia Provincial con un jurado popular, y desde el inicio quedó en evidencia la crudeza de los hechos que rodean el caso. José Reñones, acusado de asesinar a su expareja y a su hija de once meses en diciembre de 2021, se enfrenta a una posible condena de prisión permanente revisable por la muerte de la bebé y a 25 años de cárcel por la de la madre, tal y como reclama la fiscalía. Las acusaciones particulares y la popular, ejercida por el Gobierno de Cantabria, comparten esta petición, arguyendo que se trata de un crimen planificado y atroz.
Según el ministerio público, no hay evidencia de que el acusado padeciese alguna patología mental. Al contrario, la fiscal sostiene que “era plenamente consciente de lo que hacía” cuando cometió el doble crimen. Por ello, considera que no cabe atenuante alguno relacionado con un posible estado alterado de conciencia o con problemas psiquiátricos. Para la acusación, se trata de “la manifestación más brutal de la violencia machista y de la violencia vicaria”, expresiones de crueldad que, a ojos de la Fiscalía, revelan un desprecio absoluto hacia las víctimas.
La niña, llamada Eva, estaba a punto de cumplir un año. La fiscal recordó ante el jurado:
Las amenazas de José Reñones se remontaban varios meses antes de los hechos. Mensajes de WhatsApp y audios dirigidos a su expareja muestran un lenguaje plagado de insultos y descalificaciones hacia la pequeña, a la que llamaba “escoria”, “veneno asqueroso” o “puto bicho”. Llegó a manifestar su deseo de que la niña desapareciera, afirmando:
Lejos de tratarse de expresiones espontáneas en medio de discusiones, la fiscalía ve en ellas un patrón de violencia sistemático y premeditado. Tanto es así que la madre de la niña, de 40 años, había llegado a decirle al acusado:
Otra de las pruebas que se han presentado en el juicio son los mensajes que Eva Jaular (la mujer asesinada) intercambiaba con su prima. En ellos, quedaba reflejado el temor que sentía al convivir con un hombre que calificaba como violento, inestable y obsesivo. Dos días antes del crimen, la víctima le confesó a esa familiar:
El 16 de diciembre de 2021, la víctima llamó a la Guardia Civil para pedir que expulsaran al acusado del domicilio familiar, pues sobre él pesaba una orden de alejamiento que había quebrantado en varias ocasiones. Aunque se ordenó su salida, José Reñones no se alejó de la vivienda. Se escondió en las inmediaciones, y, cuando la mujer regresó con la bebé media hora después, supuestamente las atacó con brutalidad. De acuerdo con la investigación, las mató y ocultó los cuerpos bajo unos palés. Pasó allí la noche y, para no levantar sospechas, utilizó el teléfono de su expareja, contestando algunos mensajes que llegaban dirigidos a ella.
Al día siguiente, la madre de la víctima y una persona que cuidaba de la niña se trasladaron a la casa alertadas por la falta de noticias. Al llegar, tuvieron que romper un cristal para entrar. El testimonio de la madre ante el tribunal es estremecedor:
Durante la vista oral, varios vecinos y familiares de la fallecida han declarado que la relación de la pareja estaba marcada por la violencia, los insultos y el consumo de sustancias. Sin embargo, el abogado defensor asegura que “no hay hechos probados” que incriminen directamente a su cliente, y sostiene que la instrucción fue defectuosa:
La fiscal, no obstante, considera demoledoras las amenazas explícitas y las pruebas de quebrantamiento de la orden de alejamiento. Además, hace hincapié en que el acusado demostraba un profundo resentimiento hacia la menor y hacia la madre, hasta el punto de desear la muerte de ambas. Según fuentes cercanas al caso, este tipo de violencia extrema se conoce como violencia vicaria, en la que el agresor, para castigar a la pareja o expareja, arremete contra los hijos o hijas.
Las acusaciones particulares y popular —donde se incluyen familiares de la víctima y el Gobierno de Cantabria— comparten la petición de la Fiscalía de aplicar la prisión permanente revisable, figura legal contemplada en el Código Penal para los crímenes más graves. Se espera que el juicio se alargue hasta el 19 de febrero, fecha en la que el jurado popular podría retirarse a deliberar.
El resultado de este proceso podría marcar un hito no solo en la región cántabra, sino también a nivel estatal, ante la creciente preocupación por la violencia machista y, de forma más concreta, la violencia vicaria, que ha golpeado con dureza en los últimos años. La gran pregunta que se cierne en el aire es por qué fallaron las medidas de protección y cuánto más se podría haber hecho para evitar una tragedia que, según los testimonios, estuvo anunciada desde meses antes.
