El Tribunal Supremo delibera este martes, 17 de septiembre de 2024, sobre la posible imposición de la prisión permanente revisable a Jorge Ignacio Palma, condenado por los asesinatos de Marta Calvo, Arliene Ramos y Lady Marcela Vargas, cometidos en 2019. Palma ya ha sido sentenciado a 159 años y 11 meses de prisión por la Audiencia de Valencia, una condena ratificada posteriormente por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJ-CV). Sin embargo, el Código Penal limita su cumplimiento efectivo a un máximo de 40 años, lo que ha generado un intenso debate sobre si esta pena es suficiente para la gravedad de los crímenes cometidos.
Jorge Ignacio Palma ha sido acusado de actuar con brutalidad extrema al seleccionar a mujeres en situación vulnerable, la mayoría trabajadoras sexuales, a las que contactaba a través de páginas web. En sus encuentros, Palma administraba cocaína de alta pureza en los genitales de las víctimas sin su consentimiento, lo que en varios casos provocó la muerte. Los tres asesinatos por los que fue condenado se suman a seis intentos de homicidio y nueve agresiones sexuales, lo que lo ha convertido en uno de los asesinos en serie más notorios de los últimos tiempos en España.
El caso ha tenido un componente especialmente doloroso para las familias de las víctimas, particularmente la de Marta Calvo, cuyo cuerpo aún no ha sido encontrado. Palma ha mantenido su versión de que la descuartizó y desechó sus restos en la basura, una explicación que fue descartada por los investigadores después de exhaustivas búsquedas en el vertedero de Dos Aguas. La negativa del asesino a revelar el paradero del cuerpo de Marta ha causado un profundo sufrimiento a su familia, lo que ha sido argumentado por las acusaciones como un agravante para solicitar la pena máxima de prisión permanente revisable.
El magistrado Vicente Magro, reconocido experto en violencia de género y feminicidios, es el encargado de redactar la sentencia definitiva en este caso. Se espera que la decisión del Tribunal Supremo sea anunciada en las próximas semanas, y será definitiva, agotando la vía penal. La prisión permanente revisable es la pena más severa en nuestro sistema judicial , y su aplicación ha sido solicitada tanto por las acusaciones particulares, en representación de las familias de las víctimas, como por la Fiscalía del Tribunal Supremo, que por primera vez ha solicitado esta pena.
Anteriormente, la Fiscalía de Valencia calificó los hechos como homicidio, lo que impidió pedir la máxima condena. Sin embargo, en esta fase del proceso, la Fiscalía del Supremo considera que los crímenes de Palma cumplen con los requisitos para la prisión permanente revisable.
El artículo 140 del Código Penal establece que la prisión permanente revisable puede aplicarse cuando el asesino ha sido condenado por la muerte de más de dos personas, o cuando el asesinato ha sido subsiguiente a un delito contra la libertad sexual. Las acusaciones sostienen que este es el caso de Palma, ya que sus crímenes no solo incluyeron asesinatos, sino que también implicaron agresiones sexuales a las víctimas antes de causarles la muerte.
En el juicio celebrado entre junio y julio de 2022, un jurado popular declaró unánimemente culpable a Palma de todos los cargos. El jurado también concluyó que drogaba a sus víctimas para dejarlas indefensas y que sus ataques estaban motivados por el hecho de ser mujeres, es decir, fueron crímenes con un claro componente machista. Pese a ello, la magistrada que dictó la primera sentencia en septiembre de 2022 optó por una condena de 159 años y 11 meses de prisión en lugar de la prisión permanente revisable, basándose en una interpretación controvertida del Código Penal. Argumentó que la ley solo permite esta pena cuando existe una condena firme por al menos dos asesinatos previos, lo que ha sido objeto de recurso por las acusaciones.
Ahora, el Tribunal Supremo tiene la responsabilidad de decidir si aplica la prisión permanente revisable. De hacerlo, Jorge Ignacio Palma se convertiría en uno de los pocos criminales en España condenados a esta pena, reservada para los delitos más graves. En caso contrario, el asesino cumpliría un máximo de 40 años en prisión, lo que ha generado críticas por parte de las familias de las víctimas, que consideran insuficiente esta pena en relación con la magnitud de los crímenes.
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