Francia enfrenta uno de los juicios más perturbadores de su historia reciente, centrado en Dominique Pelicot, un hombre de 68 años acusado de drogar a su esposa, Gisèle Pelicot, durante casi una década para que otros hombres la violaran mientras estaba inconsciente. Este caso, que ha captado la atención internacional, implica a 51 hombres acusados de participar en las violaciones, que ocurrieron entre 2011 y 2020 en su hogar en Mazan, un pequeño pueblo en el departamento de Vaucluse.
El 3 de septiembre de 2024, comenzó el juicio en el Tribunal de lo Criminal de Vaucluse, en Aviñón, con la presencia de los 51 acusados y la víctima, Gisèle Pelicot, de 71 años. La fiscalía acusa a Dominique Pelicot de haber drogado repetidamente a su esposa con ansiolíticos, como Temesta y Zolpidem, para dejarla en un estado de inconsciencia total, permitiendo así que los hombres abusaran de ella sin que ella pudiera resistirse o recordar lo sucedido después. Estos abusos ocurrieron en al menos 92 ocasiones, según la investigación.
Gisèle Pelicot, quien estuvo casada con Dominique durante 50 años y con quien tuvo tres hijos, empezó a notar síntomas extraños con el paso del tiempo, incluyendo pérdida de memoria, pérdida de peso, y episodios en los que parecía estar en un trance. Los médicos inicialmente sospecharon que podría estar desarrollando alzhéimer. Sin embargo, en 2020, tras ser citada en una comisaría del sur de Francia, se enteró de la terrible verdad: su esposo había estado drogándola con somníferos para que otros hombres la violaran mientras él grababa los abusos.
El caso se destapó cuando Dominique fue detenido por otro incidente en el que intentó filmar a mujeres bajo la falda en un supermercado. Al revisar sus dispositivos electrónicos, la policía descubrió más de 20,000 archivos de fotos y videos que documentaban los abusos a su esposa, así como mensajes en los que Pelicot se jactaba de sus acciones y coordinaba los encuentros con otros hombres. Estos hombres, que tenían edades comprendidas entre los 25 y los 75 años, incluían a personas de diferentes profesiones, como camioneros, soldados, carpinteros, un guardia de prisiones, un enfermero, un experto en informática, y un periodista local.
Durante la fase de instrucción, se identificaron a 51 de los hombres que participaron en las violaciones. Pelicot confesó que lo hizo porque le gustaba ver cómo otros hombres tocaban a su esposa. Además, estableció una serie de reglas para asegurarse de que su esposa no se despertara durante los abusos: los hombres debían desnudarse en la cocina, no usar perfume ni tabaco, y calentar sus manos para evitar que su contacto la sobresaltara.
Gisèle Pelicot, quien sufre de estrés postraumático y ha sido diagnosticada con cuatro enfermedades de transmisión sexual como resultado de los abusos, ha solicitado el divorcio y ha cambiado su apellido. No recuerda haber sido violada ni por su esposo ni por los otros hombres, y solo reconoció a uno de ellos como un vecino del pueblo. La primera vez que verá las grabaciones de los abusos será durante el juicio, donde estas serán presentadas como prueba.
Además de los cargos de violación, a Dominique Pelicot se le ha relacionado con otros crímenes, incluyendo el asesinato de una mujer de 23 años en 1991 y un intento de violación de una joven de 19 años en 1999. Pelicot admitió el intento de violación, pero niega cualquier implicación en el homicidio.
El juicio se celebra en un momento de gran escrutinio sobre cómo se manejan los delitos sexuales en Francia. Algunas legisladoras feministas están abogando por cambios en la legislación para que quede claro que el sexo sin consentimiento es violación, que el consentimiento puede retirarse en cualquier momento, y que no puede existir consentimiento si la agresión sexual se comete "abusando de un estado que impide el juicio del otro". Este caso ha puesto de relieve el uso de drogas para cometer abusos sexuales y ha provocado un examen de conciencia en la sociedad francesa sobre la percepción del consentimiento en materia sexual.
Este juicio se prolongará durante varios meses, y podría culminar con condenas de hasta 20 años de prisión para los acusados si son hallados culpables.
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