LECrim
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El caso de Alcàsser se remonta a 1992, cuando tres adolescentes desaparecieron mientras hacían autostop para ir a una discoteca. Sus cuerpos fueron encontrados enterrados en una fosa en un paraje conocido como La Romana, cerca de la localidad de Catadau, tras 75 días de búsqueda intensiva. Este crimen causó un profundo impacto mediático y social en España, generando una serie de debates y controversias sobre la investigación y el tratamiento informativo del suceso.
La narrativa del documental resalta el descubrimiento casual de un diente humano cerca de la fosa, lo que podría aportar nuevos datos al caso. Este hallazgo es analizado por Paco Etxeberria, quien lo identifica como un premolar bicúspide de una persona adolescente. El equipo del documental explora el área de Alcàsser y el lugar del crimen, entrevistando a expertos y reconstruyendo los eventos a través de la evidencia forense disponible.
El documental critica la gestión inicial de la escena del crimen y la investigación, señalando la pérdida de evidencias clave y los errores cometidos durante el levantamiento de los cadáveres. Estas deficiencias, según el documental, podrían haber entorpecido el esclarecimiento completo del triple asesinato. A pesar de que Miguel Ricart fue condenado por estos crímenes, la desaparición de otro sospechoso, Antonio Anglés, y las incógnitas restantes sobre el caso, mantienen viva la búsqueda de respuestas.
En un intento por ofrecer nuevas perspectivas, el documental también aborda teorías alternativas sobre la causa de las mutilaciones encontradas en los cadáveres, sugiriendo que la acción de animales carroñeros podría explicar algunos de los daños observados en los restos, contrarrestando así especulaciones previas sobre rituales o mutilaciones intencionadas.
El documental pone de relieve la importancia de la ciencia forense en la resolución de crímenes y en la búsqueda de justicia. A través de un enfoque meticuloso y respetuoso, el documental invita a reflexionar sobre los límites de la investigación criminal, la necesidad de preservar la integridad de las pruebas, y el impacto duradero de los crímenes en las comunidades afectadas.
