
Karim Gabarde, de 32 años y de origen marroquí, ha sido detenido en la provincia de Cádiz como el presunto autor del homicidio de dos guardias civiles, David Pérez y Miguel Ángel González, ocurrido en febrero de 2024 en el puerto de Barbate. Los hechos se desarrollaron cuando los agentes, pertenecientes al Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) de la Guardia Civil, intentaban interceptar una narcolancha en una operación contra el tráfico de drogas en la región. Durante la persecución, la narcolancha, supuestamente pilotada por Gabarde, embistió violentamente contra la embarcación oficial, provocando la muerte de los dos agentes y heridas a otros compañeros.
El asesinato conmocionó a la comunidad, tanto a nivel local como nacional, dada la brutalidad del ataque y la continua lucha de las fuerzas de seguridad en la región del Campo de Gibraltar, un área clave para el narcotráfico. Desde el día del incidente, las investigaciones de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y la Policía Judicial de Cádiz se centraron en identificar a los ocupantes de la narcolancha. Inicialmente, seis personas fueron arrestadas horas después del ataque, pero tras analizar las imágenes de cámaras de vigilancia y otras grabaciones, fueron exculpadas de haber participado directamente en la embestida que acabó con la vida de los guardias. Las investigaciones apuntaron a Karim Gabarde como el piloto responsable de la narcolancha, lo que llevó a la emisión de una orden internacional de búsqueda y captura contra él y otros tres cómplices.
A lo largo de varios meses, Gabarde logró mantenerse oculto, presumiblemente en Marruecos, hasta que la Guardia Civil logró localizarlo y detenerlo en Cádiz el 19 de septiembre de 2024. Este arresto fue posible tras un minucioso rastreo de los movimientos de Gabarde, quien había retornado a España en un intento de retomar una vida normal. Las autoridades han confirmado que también se emitirán órdenes internacionales de detención contra los otros tres ocupantes de la narcolancha, quienes, según se cree, huyeron de España poco después del ataque.
El asesinato de los guardias civiles ha puesto en evidencia el alto nivel de violencia con el que operan las redes de narcotráfico en el estrecho de Gibraltar, donde el tráfico de drogas, principalmente hachís, entre Marruecos y España ha ido en aumento en los últimos años. Las "narcolanchas", lanchas rápidas utilizadas por las mafias para transportar drogas, son difíciles de interceptar y han causado varios incidentes graves, como el que acabó con la vida de estos dos agentes. Las operaciones contra estas redes se han intensificado desde el suceso, con un refuerzo en los medios y la vigilancia por parte de la Guardia Civil.
La detención de Gabarde supone un avance significativo en la búsqueda de justicia para las familias de los guardias civiles fallecidos y un golpe a las redes de narcotráfico que operan en la región. Sin embargo, este caso también ha evidenciado la necesidad de seguir reforzando las medidas de seguridad en el Campo de Gibraltar. La asociación Justicia para la Guardia Civil (Jucil) ha vuelto a solicitar al Ministerio del Interior que se declare la zona como de especial singularidad, lo que permitiría dotar de más recursos y protección a los agentes que operan en la región, una medida similar a la que se tomó en el País Vasco durante la amenaza terrorista de ETA.
El caso de Barbate es un recordatorio del peligro al que se enfrentan las fuerzas del orden en la lucha contra el narcotráfico. A pesar de la detención de Gabarde, las autoridades siguen centradas en capturar a los otros implicados en el ataque, con la expectativa de que las órdenes de arresto internacional se materialicen pronto. Las diligencias judiciales han sido declaradas secretas mientras continúan las investigaciones.
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