El 7 de septiembre de 2019, Ana Buza, una joven de 19 años, fue encontrada muerta detrás de un quitamiedos en la autovía A-4, a la altura de la salida hacia Carmona, en Sevilla. La noticia llegó a su familia de manera abrupta cuando un agente de la Guardia Civil se presentó en su casa y les informó: "Su hija ha muerto en extrañas circunstancias". Sin embargo, esas circunstancias nunca parecieron del todo claras para Antonio Buza, padre de Ana, quien, durante los últimos cinco años, ha librado una lucha incansable para esclarecer lo que realmente sucedió esa madrugada, convencido de que su hija no se suicidó, sino que fue víctima de un asesinato machista perpetrado por su pareja.
La versión oficial sostenida por las autoridades en las horas posteriores al hallazgo del cuerpo de Ana indicaba que la joven se había lanzado voluntariamente del coche en marcha en el que viajaba con su novio, R.V., tras una supuesta discusión familiar. El caso fue cerrado apenas 36 horas después de que se encontrara el cadáver, sin esperar los resultados definitivos de la autopsia ni el análisis completo de las pruebas forenses. El novio de Ana ofreció varias versiones contradictorias de lo sucedido esa noche, incluyendo que Ana se arrojó del coche tras una discusión con su padre, primero por sus malas notas y luego por cuestiones de dinero, aunque se comprobó que la joven había terminado el curso con matrículas de honor y no tenía problemas económicos.
Para Antonio Buza, matemático de profesión, la idea de que su hija se hubiera quitado la vida nunca tuvo sentido. Ana era una estudiante brillante, alegre y sin antecedentes de problemas emocionales. Desde el principio, Antonio y su familia pusieron en duda la versión oficial y comenzaron a investigar por su cuenta, contratando a expertos en criminología, ingeniería y medicina forense. Todos los peritos contratados por la familia coinciden en una teoría diferente: Ana no se suicidó, sino que fue atropellada intencionalmente por su novio.
Las dudas sobre la investigación inicial
El proceso de investigación original dejó muchos cabos sueltos. Antonio Buza pronto descubrió que no se habían seguido los procedimientos necesarios para un análisis exhaustivo. No se tomó declaración a los testigos que alertaron al 112, no se visionaron las cámaras de videovigilancia cercanas al lugar del accidente, y no se interrogó adecuadamente al novio de Ana sobre las incoherencias en su relato. Además, el caso fue archivado sin esperar los resultados definitivos de la autopsia y el informe de toxicología.Lo que empeoró la situación fue que la decisión de cerrar el caso también apuntaba a Antonio como uno de los posibles desencadenantes del supuesto suicidio, lo que resultó extremadamente doloroso para él. Sin embargo, todo cambió diez días después de la muerte de Ana, cuando la familia recibió un correo que revelaba que seis meses antes del incidente, Ana había buscado ayuda psicológica para tratar el comportamiento controlador y violento de su novio. Este hallazgo reforzó las sospechas de Antonio sobre que su hija estaba atrapada en una relación abusiva y que su muerte había sido provocada por su pareja.
La reapertura del caso
A finales de 2019, la familia de Ana presentó nuevas pruebas, incluidas sus notas académicas y extractos bancarios que refutaban la versión del novio sobre los motivos de la discusión que presuntamente la llevaron a saltar del coche. La Audiencia Provincial de Sevilla, convencida de que la investigación inicial había sido insuficiente, ordenó la reapertura del caso.Con la reapertura, la familia reunió un equipo de expertos que reconstruyó el accidente y llegaron a conclusiones clave: a una velocidad de 117 kilómetros por hora, era físicamente imposible que Ana hubiera abierto la puerta del coche y se arrojara voluntariamente. Los forenses también determinaron que las lesiones que presentaba el cuerpo de Ana no eran compatibles con una caída desde un vehículo en movimiento, sino con un atropello. La reconstrucción del incidente indicó que, por algún motivo, Ana habría bajado del coche y, mientras caminaba por la cuneta, fue atropellada intencionalmente por su pareja.
Los informes presentados por los peritos de la familia contrastan con los resultados obtenidos por la Guardia Civil y el Instituto de Medicina Legal de Sevilla, que, a petición del fiscal, concluyeron que no había indicios claros de que Ana hubiera sido atropellada. A pesar de estas diferencias, Antonio Buza sigue firme en su convicción de que su hija fue asesinada: “Acuso porque estoy completamente seguro”, afirma.
Control y abuso psicológico
Además de las pruebas forenses, la familia de Ana presentó testimonios que apoyaban la teoría de que la relación de la joven con su novio era tóxica y violenta. La psicóloga que trató al joven durante seis meses declaró ante la Audiencia que él era celoso, manipulador y agresivo, y que sometió a Ana a un aislamiento progresivo, alejándola de su círculo social y controlando sus actividades cotidianas. Una amiga de Ana también testificó que R.V. la vigilaba de manera obsesiva durante las clases, lo que indicaba un comportamiento controlador y posesivo.Se analizaron cientos de correos electrónicos entre Ana y su novio, que demostraban un patrón de acoso, celos y manipulación constantes por parte del joven. La acumulación de estas pruebas llevó a la imputación de R.V. en julio de 2020, aunque la causa tardó tres años más en ser trasladada a un juzgado de violencia de género.
Manipulación de pruebas
Otro de los puntos oscuros del caso es el tratamiento de los teléfonos móviles de los implicados. El móvil de Ana fue encontrado por su padre 19 días después del accidente, a 72 metros de donde estaba su cadáver. Sin embargo, la madre de R.V. declaró que había encontrado el teléfono en el coche de su hijo y que se lo había entregado a la policía. Los expertos contratados por la familia determinaron que el móvil de Ana había sido manipulado antes y después de su muerte, lo que generó aún más sospechas sobre la versión oficial de los hechos.El móvil de R.V. también fue objeto de controversia. A pesar de que la jueza de instrucción le ordenó entregarlo en diciembre de 2019, no fue hasta agosto de 2020 cuando la Guardia Civil lo recibió, tras un retraso considerable. Según los peritos, R.V. había borrado todos los datos de su teléfono justo antes de entregarlo, lo que sugiere que pudo haber destruido pruebas relevantes.
Un juicio pendiente
Después de años de batalla legal y la presentación de numerosas pruebas científicas y testimoniales, la instrucción del caso fue finalmente cerrada el pasado 29 de julio de 2024. Ahora, el juez debe decidir si archiva definitivamente el caso o si imputa al novio de Ana y lo lleva a juicio por homicidio o asesinato. La familia de Ana, respaldada por colectivos feministas y plataformas ciudadanas, sigue esperando justicia, convencida de que la verdad saldrá a la luz.
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