La Fiscalía de Málaga ha presentado formalmente su escrito de acusación contra Sergio Ruiz, pareja de Dana Leonte, la joven de 30 años desaparecida en junio de 2019 en la localidad malagueña de Arenas. El Ministerio Público solicita una pena de 17 años de prisión para Ruiz por los delitos de homicidio y contra la integridad moral. Por su parte, la familia de la víctima eleva la petición a 20 años de prisión, considerando que se trata de un asesinato.
Acusación formal del Ministerio Público
La fiscal decana de Violencia sobre la Mujer en Málaga, Flor de Torres, sostiene en su escrito que Dana Leonte fue «desmembrada» por su pareja, quien luego «esparció» sus restos por distintos puntos del término municipal de Arenas, dificultando así la recuperación completa del cadáver. Hasta el momento, solo una parte de los restos ha podido ser localizada.
Reconstrucción de los hechos
Según el escrito de acusación, la mañana del 12 de junio de 2019, Dana mantuvo una conversación con Sergio Ruiz vía WhatsApp, en la que le comunicaba que no deseaba continuar la relación y manifestaba su enfado por algo que había visto en su teléfono móvil, que ambos solían intercambiar. La conversación fue eliminada posteriormente por Sergio, presuntamente con el objetivo de dificultar futuras investigaciones, aunque finalmente pudo ser recuperada por los investigadores de la Guardia Civil.
La Fiscalía relata que esa misma tarde, entre las 19:00 y las 22:35 horas, Sergio Ruiz golpeó a Dana en la cabeza con un palo de madera, dejándola «inconsciente o malherida». Posteriormente, según sostiene la fiscal, utilizó su vehículo todoterreno para trasladar el cuerpo con la intención de ocultarlo, procediendo después a «esparcir y enterrar» los restos de la joven por diferentes zonas del municipio.
Hallazgo de los restos
La localización parcial del cuerpo se produjo meses después. El primer hallazgo tuvo lugar el 21 de septiembre de 2019, cuando un perro encontró un hueso, identificado posteriormente como el fémur derecho de Dana. Este descubrimiento provocó la detención inmediata de Sergio Ruiz debido a contradicciones en sus declaraciones.
En los días posteriores se encontraron más restos óseos en diferentes puntos del municipio:
- El 8 de octubre: tibia, costilla, vértebras cervicales y peroné.
- El 14 de octubre: pelvis y parte de la zona lumbar.
- El 21 de octubre: fémur izquierdo con restos blandos y fractura ante mortem.
- El 30 de noviembre: otra parte del mismo fémur.
Evidencias recogidas en la vivienda
La Fiscalía describe cómo Sergio Ruiz intentó borrar cualquier indicio que pudiera implicarlo. En el domicilio, los investigadores encontraron productos de limpieza como lejía y aguarrás, que fueron utilizados para eliminar evidencias de sangre. Además, se localizó el palo usado como arma homicida, con un cabello incrustado de Dana de 39 centímetros, confirmando genéticamente la autoría material del ataque.
Asimismo, se hallaron restos genéticos de Sergio y Dana mezclados en varios puntos del inmueble y en el vehículo del acusado. La existencia de estos restos constituye una prueba crucial para la acusación.
Intento de crear una coartada
Según el escrito del Ministerio Público, tras los hechos, Sergio Ruiz intentó fabricar una coartada utilizando el teléfono móvil de Dana para simular comunicaciones y dar la impresión de que la joven seguía con vida. Los análisis periciales demostraron que las conversaciones mantenidas supuestamente por Dana fueron en realidad escritas por el propio acusado, cuya forma de expresión delató esta estrategia.
Impacto en la familia
La Fiscalía destaca que Sergio Ruiz conocía profundamente el terreno de Arenas, lo que facilitó ocultar los restos de Dana, aumentando así el daño moral infligido a la familia, especialmente a la hija menor de ambos. Desde septiembre de 2019, Ruiz tiene suspendida la patria potestad de la niña y una orden de alejamiento que le impide acercarse a menos de 500 metros de ella. Actualmente, la menor se encuentra bajo acogimiento de su tío, Gheorge Florin Leonte.
Por todos estos hechos, el Ministerio Público solicita una pena de 15 años por el homicidio y otros 2 años adicionales por un delito contra la integridad moral, aplicando en ambos casos las circunstancias agravantes de parentesco.
