El Colegio Profesional de Ingenieros Técnicos en Informática de Andalucía (CPITIA) ha emprendido acciones legales contra Manuel Huerta, CEO de Lazarus Technology, por su intervención como perito en la pieza separada que investiga la desaparición de Marta del Castillo. En la querella –aprobada recientemente– acusan al perito de intrusismo profesional, revelación de secretos, estafa procesal y falso testimonio.
Según el comunicado difundido por el colegio, el querellado “no posee titulación oficial habilitante para el ejercicio de la profesión de ingeniero técnico en informática, ni pertenencia a colegio profesional alguno” y, además, “se sospecha incluso que carecería por completo de estudios superiores, y contaría tan sólo con estudios de Bachillerato”. Estas acusaciones fueron puestas en conocimiento del Juzgado de Instrucción número 4 de Sevilla a través de un burofax enviado el 23 de marzo de 2023.
La polémica se ha intensificado porque, tal como advierte el colegio en un nuevo burofax remitido al mismo órgano judicial –y difundido en enero de 2024–, el perito “está difundiendo el contenido del informe pericial entregado, así como pruebas obtenidas del examen del teléfono móvil objeto de pericia a través de diversos medios de comunicación”. El CPITIA considera “enormemente alarmante la intervención del propio Manuel Huerta, en un programa de televisión comentando en directo el contenido intervenido en el citado teléfono móvil”, lo que podría constituir “una clara extralimitación del examen pericial, con afectación al derecho a la intimidad personal y familiar del titular del dispositivo y de terceros”.
Difusión de imágenes y mensajes personales
En el informe pericial, Manuel Huerta aseguraba haber recuperado “varias fotografías y mensajes de texto” del teléfono de Miguel Carcaño –principal condenado en el caso Marta del Castillo– y detectar “seis nuevos posicionamientos” del dispositivo la noche del crimen. No obstante, el colegio subraya que el objetivo inicial de la pericia se restringía a determinar el geoposicionamiento del terminal, por lo que entiende que el análisis de dichos mensajes y fotos “carecía de relación con el objeto de la pericia” y que su publicitación mediática vulnera el principio de secreto profesional.
El CPITIA insiste en que “resulta palmaria la violación del derecho al secreto de las comunicaciones y el derecho a la intimidad personal” en el momento en el que el perito habría expuesto ante la audiencia contenido privado. De haber pertenecido Huerta a un colegio oficial, añaden, se le habrían abierto diligencias por falta muy grave, dada la “negligencia” que presuntamente supone compartir este tipo de material en público.
Una técnica “sin sustento científico”
Además de cuestionar la formación de Manuel Huerta, el colegio pone en entredicho la fiabilidad de la supuesta “técnica novedosísima” aplicada para el geoposicionamiento del dispositivo de Carcaño. “La realidad es que dicha técnica sería inexistente, careciendo por completo del mínimo sustento científico que la habilite para ser usada como técnica forense mínimamente fiable”, afirma el comunicado del CPITIA.
Pese a estas afirmaciones, el perito habría logrado que el juzgado ordenase nuevas actuaciones policiales, que hasta ahora no han arrojado resultados distintos a los conocidos en torno a la desaparición del cuerpo de Marta del Castillo. El colegio interpreta esta situación como una “posible estafa procesal” y un “engaño al magistrado instructor” que habría generado, además de gastos públicos y judiciales, “falsas expectativas” a la familia de Marta.
Posibles repercusiones legales
La denuncia del colegio destaca que el presunto intrusismo de Manuel Huerta adquiere mayor gravedad al tratarse de un caso tan sensible y de “palpable interés general, como es poder dar por fin sepultura a Marta del Castillo”. Afirman igualmente que “resulta de gran relevancia la inusitada notoriedad que esta persona se dio en medios, presentándose como perito informático” y aprovechando el caso para “pasear por platós de televisión, conseguir notoriedad y, en definitiva, lucrarse de forma espúrea”.
En el último burofax, el CPITIA solicita al Juzgado de Instrucción número 4 que adopte “las acciones que estime oportunas” para aclarar si el perito “carece de la titulación oficial legalmente requerida, no cumple la adscripción obligatoria a un colegio profesional y está causando menoscabo a derechos fundamentales al secreto de las comunicaciones y a la intimidad”.
Solidaridad con la familia de Marta
Finalmente, el colegio manifiesta su “solidaridad con la familia de Marta del Castillo, haciéndonos cargo de su dolor y desesperación por encontrar, de una vez por todas, el cadáver de su hija”. En su escrito, confían en que la Justicia actúe con celeridad para depurar responsabilidades y “poner coto a la lacra del intrusismo profesional en actividades que afectan a derechos fundamentales de los ciudadanos”.
Con estas acciones, el Colegio Profesional de Ingenieros Técnicos en Informática de Andalucía busca salvaguardar tanto la profesión y su deontología como, especialmente, la integridad de las investigaciones en uno de los casos más mediáticos de la historia reciente de la crónica negra en España.
El colegio de ingenieros técnicos en Informática se querella contra el perito del caso Marta por intrusismo y revelación de secretos
Asegura que el Ceo de Lazarus "no posee titulación oficial ni pertenece a colegio profesional alguno" El colegio alertó al juez de que estaba difundiendo el informe del clonado del teléfono de Miguel Carcaño
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