Una asesina célebre, un estreno global detenido a última hora y una reclamación de 1 000 000 € que pone al límite la delgada frontera entre intimidad y libertad de información. Mari Ángeles Molina, alias “Angie”, se ha plantado ante Netflix para que su miniserie Angi: Crimen y mentira muera antes de nacer.
El auto que apagó las pantallas
La plataforma había marcado el 1 de mayo como fecha de estreno mundial. Sin embargo, el Juzgado de Primera Instancia n.º 8 de Tarragona dictó una medida cautelar que obligó a retirar la serie y todo su material promocional. La defensa de Angie alegó que el documental utilizaba «imágenes personales previas al crimen» sin consentimiento y podía causar un daño irreparable a su honor.El precedente recuerda a la batalla de Rosa Peral por El cuerpo en llamas, pero con una diferencia crucial: entonces la juez denegó la suspensión por un defecto de forma; aquí, el tribunal entró en el fondo y detuvo el estreno.
Del «crimen perfecto» al millón de euros
La historia que Netflix pretendía contar comienza el 19 de febrero de 2008. Con una peluca, un DNI falso y un plan meticuloso, Angie suplantó a su amiga Ana Páez, contrató seguros y préstamos por casi un millón y luego la asfixió con una bolsa de plástico, contratando a dos gigolós para dejar semen y simular un juego sexual que se torció. Fue condenada a 18 años.La demanda registrada ahora en Tarragona va más allá de la simple suspensión: exige un millón de euros si la serie acaba emitiéndose. Según la exclusiva de Levante‑EMV y El Periódico (16 de julio), la cifra se basa en el baremo del art. 9.3 de la LO 1/1982 y en el supuesto lucro que la producción obtendría explotando su imagen íntima.
Una amenaza que no caduca
Lejos de ser solo memoria criminal, Angie volvió a ser arrestada en marzo de 2025 durante un permiso penitenciario: los Mossos d’Esquadra la investigan por planificar otro asesinato desde la cárcel, presuntamente intentando contratar sicarios. La asociación Lexshmi, que ya logró reabrir la investigación por la sospechosa muerte de su marido (1996), quiere personarse como acusación popular, respaldada por las familias de las víctimas; el juez le ha impuesto una fianza que la ONG considera «desproporcionada».
4. El tribunal ante dos derechos constitucionales
El choque es de manual: artículo 18 (honor, intimidad e imagen) frente al artículo 20 (libertad de información y creación). Para tumbar la serie el juzgado valoró dos requisitos: fumus boni iuris (apariencia de buen derecho) y periculum in mora (riesgo de daño irreparable). Netflix replica que la investigación detrás del documental —más de 2 000 páginas de sumarios y 60 entrevistas— cumple el test de veracidad e interés público.
El factor decisivo será la proporcionalidad: ¿son imprescindibles las imágenes personales de la luna de miel de Angie para entender su evolución criminal o son mero morbo? La balanza, de momento, se inclina hacia la demandante.
